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Contacto: Deborah Hakes, dhakes@emory.edu

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El Centro Carter aplaude los esfuerzos para abrir un canal de comunicación entre el gobierno y los sectores de la oposición venezolana facilitados por el grupo de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el Vaticano.  La comunicación, en un marco de respeto y transparencia, y con la facilitación de una tercera parte, constituye un camino apropiado para comenzar a abordar la crisis actual y los problemas subyacentes que dividen a la sociedad venezolana. Sin acercamientos entre las partes, Venezuela corre el riesgo de una escalada de violencia e ingobernabilidad de consecuencias impredecibles.

Un primer paso crucial, por parte del gobierno, para la creación de una base sólida que asegure el éxito de las conversaciones, es garantizar la vigencia de los derechos constitucionales individuales, incluidos los derechos al debido proceso de los estudiantes y líderes políticos detenidos o removidos de cargos electos por votación popular, así como el inicio de las investigaciones sobre alegatos de violaciones de los derechos humanos cometidos por fuerzas públicas en los últimos dos meses. El reconocimiento mutuo de la legitimidad de los actores, y de las ideas políticas en contienda, constituye igualmente una base importante para llegar a acuerdos.

Un conjunto de acuerdos mínimos que resulten de las conversaciones puede dar inicio al proceso de recuperación de la confianza en las instituciones públicas y, con ello, al proceso de sanación de las heridas sociales producto de los enfrentamientos. La formación de una comisión de la verdad independiente,  que investigue las muertes que han afectado a todas las partes, puede dar respuestas a las familias en duelo y sugerir los mejores medios para prevenir nuevos casos de violencia.

La existencia de instituciones públicas fuertes e independientes, ancladas en la Constitución, es fundamental para la salud, a largo plazo, de cualquier democracia. En ese sentido, el Centro Carter saluda el inicio de las acciones dirigidas a impulsar el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Poder Ciudadano, cuyos periodos están vencidos.  El Centro Carter espera que estas acciones se cumplan con la participación de las diferentes fuerzas políticas y sociales del país, en consonancia con lo establecido en la carta magna, y especialmente con las disposiciones referidas a la independencia y ecuanimidad que deben exhibir los nuevos integrantes de dichos cuerpos.

Al mismo tiempo, los venezolanos mantienen su preocupación por temas de inseguridad y escasez. La cooperación de los múltiples sectores de la sociedad es necesaria para abordar estos problemas. Recientemente, el presidente Nicolás Maduro reconoció el importante rol del sector privado en la salud de la economía y ha iniciado una serie de conversaciones con estos sectores para enfrentar los problemas de producción. Asimismo, durante el mes de diciembre, se emprendió, desde el poder ejecutivo, una iniciativa prometedora para hacer frente a los problemas de la delincuencia y la inseguridad, en la que se incluyó a gobernantes locales y regionales. Esta cooperación, junto con esfuerzos renovados para aplicar la Ley de Desarme, sancionada en junio de 2013, es esencial.

El Centro Carter se une a las expresiones de preocupación y solidaridad pronunciadas por diversos actores internacionales y espera que el gobierno nacional, los líderes de la oposición, los estudiantes y la sociedad civil venezolana, puedan trabajar en forma conjunta para el logro de los consensos básicos que requiere la superación de la actual situación.

El Centro Carter fue fundado en 1982 por el ex-presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter y su esposa Rosalynn, en sociedad con la Universidad de Emory, para promover la paz y la salud mundial. El Centro Carter es una organización no gubernamental sin fines de lucro. El Centro ha ayudado a mejorar la vida de las personas en 80 países, resolviendo conflictos, promoviendo la democracia, los derechos humanos y la oportunidad económica; y previniendo enfermedades y mejorando los sistemas de salud mental. Por favor visite  para saber más sobre el Centro Carter.

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FOR IMMEDIATE RELEASE
April 10, 2014
Contact: Deborah Hakes, dhakes@emory.edu

Carter Center Statement on Venezuela

The Carter Center applauds the effort to open a channel of communication between the government and opposition sectors, facilitated by representatives of the Union of South American Nations (UNASUR) and the Vatican.  Communication with respect, transparency, and third-party facilitation is the appropriate route to begin to address the current crisis and the underlying issues dividing the society.   Without engagement of the parties in conflict, Venezuela risks an escalation of violence and ingovernability with unpredictable consequences.

To create a foundation for successful talks, a crucial first step is for the government to guarantee individual constitutional rights, including due process for students and political leaders detained or removed from their elected position, and to initiate investigations into alleged human rights abuses by public forces that have occurred in the last two months.  Mutual recognition of the legitimacy of the contending political actors and their ideas is another important foundation for reaching agreements.

A set of minimum agreements resulting from the talks could begin to restore confidence in public institutions and heal the social wounds from the confrontations.  First, the formation of an independent truth commission to investigate the deaths that have affected all sides can provide answers to grieving families and suggest the best means to prevent recurrence of such violence.

Second, strong and independent public institutions anchored in the constitution are fundamental for the long-term health of any democracy.   The Carter Center salutes the initiation of the process to appoint the new members of the National Electoral Council, the Supreme Court, and the Citizen's Branch of government to replace those authorities whose terms have expired.  The Center hopes that these appointments will comply with constitutional mandates to include the participation of different political and social organizations in the nomination and selection, and especially the provisions for authorities to exhibit independence and impartiality.

At the same time, Venezuelans are concerned about personal insecurity and economic shortages.  The cooperation of multiple sectors of society is required to address these problems.  President Maduro recently recognized the important role of the private sector for the health of the economy and has begun conversations with them to address problems of production.  Likewise, the executive began a promising initiative last December with state and local governments to address the problems of crime and insecurity. Such cooperation is essential, along with renewed efforts to implement the Disarmament Law approved June 2013.

The Carter Center joins the expressions of solidarity and concern voiced by various international actors and hopes the national government, leaders of the opposition, students, and Venezuelan civil society can work together to achieve a consensus required to overcome the current situation.

"Waging Peace. Fighting Disease. Building Hope."
A not-for-profit, nongovernmental organization, The Carter Center has helped to improve life for people in 80 countries by resolving conflicts; advancing democracy, human rights, and economic opportunity; preventing diseases; and improving mental health care. The Carter Center was founded in 1982 by former U.S. President Jimmy Carter and former First Lady Rosalynn Carter, in partnership with Emory University, to advance peace and health worldwide.

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