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TERCER INFORME SOBRE EL PROCESO ELECTORAL DE NICARAGUA

FOR IMMEDIATE RELEASE

CONTACTO:
En Atlanta
Jon Moor, 404-420-5107

Atlanta....El Centro Carter tiene El honor El día de hoy de anunciar que El ex-presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter visitará Nicaragua durante Los días 3 a 5 de julio de 2006, para informarse de la marcha del proceso electoral de este país. Durante su estadía, El ex-presidente Carter se reunirá con las autoridades electorales y gubernamentales de Nicaragua para discutir posibles modalidades de una misión del Centro Carter para observar las elecciones nacionales programadas para noviembre. Asimismo se reunirá con todo el espectro de participantes en la contienda electoral, igual que con organismos de la sociedad civil y observadores nacionales e internacionales.

Esta misión será la cuarta vez desde 1990 que el Centro Carter habrá observado una elección nacional en Nicaragua. Tanto durante como después de cada uno de los ejercicios pasados, El Centro Carter emitió informes periódicos sobre sus actividades acompañados de recomendaciones para mejorar los procesos. Previo a la visita del ex-presidente, El Centro Carter desea ofrecer a los nicaragüenses algunas reflexiones sobre la forma en que el proceso electoral del 2006 se ha venido evolucionando hasta el momento. Junto con estos criterios, ponemos a disposición de las autoridades electorales una serie de sugerencias cuyo objetivo es aportar a fortalecer el proceso en marcha.

Las Elecciones de la Costa Atlántica. El proceso electoral del 2006 marcó un importante hito el 5 de marzo, cuando los habitantes de la Costa Atlántica fueron a las urnas para elegir a los miembros de dos Consejos Regionales, los cuales forman la instancia superior del gobierno autonómico que rige las áreas caribeñas de Nicaragua. Tal como había anunciado, El Centro Carter envió a un pequeño equipo de observadores a presenciar las votaciones en un reducido número de mesas de esas regiones, que albergan a los principales pueblos indígenas del país. Hicieron lo mismo, con contingentes de personal mucho mayores, la Organización de Estados Americanos, Ética y Transparencia y el Instituto para la Democracia.

Según el criterio unánime de los observadores, las elecciones de la Costa Atlántica fueron calificadas en términos generales como un éxito. Hasta la etapa final, dichas elecciones transcurrieron en un ambiente de orden y tranquilidad con muy escasas fricciones entre los partidos y candidatos. Con algunos lapsos, la organización de los comicios de parte del Consejo Supremo Electoral (CSE) fue calificada por los observadores como buena- por ejemplo, casi la totalidad de las Juntas Receptoras de Votos se abrieron y pocas sufrieron interrupciones durante el día. Después de ratificar su validez, el Consejo logró capacitar a los funcionarios de mesa en la correcta aplicación de los Artículos 41 y 116 de la Ley Electoral, lo cual permitió votar a un número significativo de ciudadanos quienes de otra forma se hubieran quedado fuera del proceso. Al contrario de ciertos presagios, el día electoral concluyó con pocas impugnaciones de resultados en las mesas de votación. Un elemento especialmente alentador fue el repunte en la participación de los electores, que alcanzó un 45% de los empadronados en comparación con el 39% en 2002. Todo lo anterior mereció, y merece, las felicitaciones que los observadores expresaron a los actores del proceso -los votantes, los partidos y el Consejo Supremo Electoral.

Dos Inquietudes. Sin embargo, los acontecimientos políticos que antecedieron y sucedieron los comicios de la Costa Atlántica plantearon, y siguen planteando, serias interrogantes sobre si el resto del proceso eleccionario de 2006 transcurrirá de manera igualmente pacífica.

La Falta de Consenso. El Centro Carter ve con preocupación la persistente falta de consenso entre las autoridades del Consejo Supremo Electoral, la cual continúa impidiendo que los siete magistrados propietarios puedan sesionar normalmente para tomar decisiones. Más preocupante aun es que esta situación ya tiene varios meses de existir sin que se vislumbre una forma definitiva para superar el impasse. El hecho que los impasses ahora abarquen a otros poderes de Estado también es inquietante, y apunta hacia la posibilidad de un entrampamiento institucional general del proceso electoral en sus fases decisivas.

Esta situación se inició cuando una parte de los magistrados propietarios se rehusó a formar el quórum legal de cinco miembros, argumentando que algunas decisiones ya tomadas o por tomarse por sus colegas habían carecido o carecerían de legalidad. A su vez éstos se recurrieron a la Corte Suprema de Justicia obteniendo un fallo de la Sala Constitucional que les permitió incorporar a magistrados suplentes para tomar decisiones. De hecho procedieron luego a tomar una serie de importantes decisiones, de las cuales los magistrados ausentes de nuevo discreparon. Junto con otros actores, estos últimos además criticaron el fallo de la Corte como irregular y contradictorio con el Artículo 6 de la Ley Electoral, por lo que pidieron a la Asamblea Nacional una interpretación auténtica de dicho artículo. Sin embargo han pasado varios meses desde la fecha de esta petición, sin que la Asamblea haya podido dilucidar el tema.

El Centro Carter no tiene comentario sobre la legalidad de las decisiones tomadas por la mayoría de magistrados, el fallo de la Suprema Corte o la interpretación auténtica de la Ley Electoral. Sin embargo, quiere dejar sentada su preocupación de que al prolongarse este impasse, la falta de consenso político en el Consejo Supremo Electoral pueda perturbar la marcha del proceso electoral y propiciar una situación de incertidumbre tanto durante como después de los comicios de noviembre.

De hecho, observamos como en febrero de este año, paralelo al difícil funcionamiento del Consejo, varios actores políticos alegaban que estaban en marcha planes para hacer manipulaciones o fraudes en la Costa Caribe. Algunos actores incluso amenazaban momentáneamente con retirarse de la contienda electoral, al tiempo que surgió un temor de que se produjeran masivas impugnaciones de mesas al cabo de las votaciones. El espectro de posibles disturbios que evocaba este escenario eventualmente provocó que el Presidente de la República insinuara un decreto de emergencia para proteger el orden público en caso que fuera necesario. Por otra parte, en varios momentos de este período, se oían llamados a que los magistrados del Consejo Supremo Electoral renunciasen en masa.

Afortunadamente, el día de la votación el escenario de crisis esbozado en Managua se desvaneció, al parecer ante el buen criterio de los costeños, quienes se rehusaban a ver trasladarse las tensiones políticas del Pacífico a sus territorios. Sin embargo, la posibilidad de que un escenario de este tipo -lleno de sospechas y amenazas de provocar dificultades- se repita en los últimos meses de este año no sólo no puede ser descartada, sino que está claramente latente.

Por lo tanto, y ante un proceso electoral que se prevé tenso y polarizado, es aconsejable comenzar ya a actuar para evitarle al país posibles desenlaces negativos. Esto se puede hacer actuando sobre los factores que generan las suspicacias que luego se multiplican y se convierten en acciones potencialmente desestabilizadoras de un proceso. Sobre todo, se requiere una progresiva clarificación y afianzamiento de las reglas del juego, único recurso capaz de maximizar la confianza de los actores y de toda la ciudadanía de que al final del camino las garantías de la pureza del proceso se habrán cumplido.

Esta confianza depende en buena medida de las percepciones que tienen los ciudadanos del trabajo de las autoridades electorales. En las próximas fases del proceso, los magistrados del Consejo Supremo Electoral tendrán que tomar decisiones clave, algunas de rutina, otras de improvisto, para mantener encarrilado el proceso hasta la etapa final de la proclamación de electos. Para que esas decisiones tengan el máximo consenso y legitimidad posibles, es imprescindible que los magistrados trabajen en armonía y que los ciudadanos los vean trabajar así. Por lo tanto, El Centro Carter insta de nuevo a los magistrados a esforzarse para encontrar la manera de superar sus actuales desavenencias.

La Soberanía Electoral. Nuestra preocupación sobre el surgimiento de escenarios negativos ha aumentado al ver el clima en el que el período de pre-campaña se está desarrollando al nivel nacional. En las últimas semanas, la gran mayoría de los nicaragüenses ha observado en silencio mientras connotadas figuras de la vida política, gubernamental, económica y hasta religiosa se han enfrascado en debates alrededor de los posicionamientos de gobiernos extranjeros y la conducta de sus representantes diplomáticos, frente al proceso electoral de Nicaragua. Al tocar los profundos sentimientos nacionales de los ciudadanos, estos debates tienden a propiciar un estado de polarización que tensiona el proceso electoral y puede conducir a desbordamientos al final del camino. Ante la trascendencia de las opciones que las distintas fuerzas políticas ofrecerán a los nicaragüenses este año, es sumamente importante que los partidos y candidatos sean propositivos en sus mensajes y promuevan un debate político electoral de altura. Para contribuir con este debate, El Centro Carter quiere pedir a los gobiernos vecinos del hemisferio respetar la dignidad de los nicaragüenses, absteniéndose de inmiscuirse en los asuntos internos de su país y ayudando a que Nicaragua centre su debate electoral en propuestas concretas con sus respectivos razonamientos.

Sugerencias para Acciones. Mientras tanto, con todo el respeto que su alta investidura les merece, El Centro Carter quisiera sugerir que los magistrados del Consejo Supremo Electoral contemplen una serie de pasos para fortalecer la confianza ciudadana en el proceso. Algunas de nuestras recomendaciones, las que estarán acompañadas de comentarios adicionales, se derivan de aspectos del recién concluido proceso electoral regional, mientras otras tratan de ver adelante anticipando problemas que podrían surgir en las próximas fases del proceso al nivel nacional.

1. Los Electores "Artículo 41". El 5 de marzo, un número significativo de nicaragüenses con cédulas de votar vigentes no se encontró en los padrones electorales de la Costa Caribe. Esta situación se dio en medio de la intensa ola de especulaciones antes descrita y a pesar de haberse dado un proceso de verificación ciudadana que el CSE calificó como exitoso. Según las contrastantes informaciones de observadores nacionales e internacionales, el número de cedulados ausentes del padrón variaría entre el 3 y el 15% del total de votantes. Independientemente de la cifra precisa, el dato no deja de ser voluminoso. Además es inquietante porque al habérseles negado el derecho de votar a semejante cantidad de electores, seguramente se habría suscitado una serie de conflictos. Afortunadamente el Consejo Supremo Electoral tomó la sensata decisión de permitir que estas personas votasen bajo los términos del Artículo 41 de la Ley Electoral. No obstante, la situación de estos electores plantea una interrogante, ya que, en principio, no debería encontrarse ningún ciudadano en posesión de una cédula válida que no esté empadronado. Ante estas realidades, sería positivo que el Consejo Supremo Electoral explicara en detalle a los nicaragüenses por qué las discrepancias entre las cédulas y el padrón se dieron y qué está haciendo el CSE para evitar que se repitan en los comicios nacionales.

2. Los Materiales que Fallan. Según otras informaciones provenientes de los observadores, el día de los comicios costeños, en medida significativa fallaron varios materiales clave para garantizar la pureza de las votaciones. Estos incluyen las ponchadoras de cédulas, las lámparas para leer códigos de barra y hasta la misma tinta indeleble. Este hecho, que además se ha visto repetido en varias elecciones sucesivas, es otro asunto que preocupa. La mejora de esta situación antes de los comicios de noviembre es vital. Una vez más, sería oportuno que el Consejo Supremo Electoral informara a la ciudadanía de las medidas que planea tomar para que en las elecciones nacionales los materiales no fallen como que sucedió en algunos casos en la Costa Atlántica.

3. La Ubicación de Mesas. Después de los comicios en el Atlántico Norte, se dieron disturbios en Bilwi a raíz de la negativa del partido regional Yátama de aceptar la asignación por parte de las autoridades electorales de un determinado escaño, alegando este partido la existencia de un acuerdo político previo para trasladar ciertas JRV de una circunscripción electoral a otra. Según los análisis de los observadores nacionales, el fondo de este conflicto se debió a la falta de una clara definición y publicación previa de la ubicación de las JRV con respecto a los linderos entre las distintas circunscripciones electorales del Atlántico. Afortunadamente la situación de violencia planteada por Yátama -situación que vio secuestrado en sus oficinas al presidente del Consejo Electoral Regional- pudo resolverse sin mayores problemas. Sin embargo, sienta un precedente negativo que la situación se tuviera que solucionar en base a un acuerdo político y no en base a reglas claramente establecidas con anterioridad. En este caso, el CSE podría ayudar a despejar cualquier duda sobre la repetición de disputas relacionadas con la ubicación de las JRV, publicando a la brevedad posible en su página Web el reglamento que define la ubicación exacta de las JRV de los distritos electorales de la Costa y dando seguridades a la ciudadanía de que no hay ninguna incertidumbre acerca de la pertenencia de determinadas JRV a los departamentos y regiones.

4. Las Cifras Finales. Al día 5 de mayo -dos meses después de los comicios- el Consejo Supremo Electoral todavía registraba en su página Web únicamente las cifras provisionales de las elecciones de la Costa cortadas al 9 de marzo. A esa fecha el número total de votos habría sumado 100,352. Según el diario La Prensa del día 1 de abril, el Consejo reportó que la cifra final de votos válidos fue 93,524. Para aclarar esta diferencia a la ciudadanía, sería aconsejable que el Consejo publicara a la brevedad las cifras oficiales totales y definitivas de las elecciones de la Costa Atlántica en su página Web, acompañando esta publicación con una breve explicación de la reducción en el número de votos válidos, si es que se ha dado.

5. Las Cédulas que Faltan. Encuestas de opinión recientes han arrojado el llamativo dato que entre un 15 y un 18% de los nicaragüenses en edad de votar carecen de cédulas de identidad. En vista de estas cifras, y ante los múltiples señalamientos acerca de la falta de entrega de cédulas de identidad a los electores, es imprescindible contar a partir de ahora con un máximo esfuerzo por poner estos documentos en manos de todos los ciudadanos aptos para votar en noviembre. Dicho proceso debe abarcar a los jóvenes votantes que han alcanzado su madurez en estos últimos años en que la mayoría de las oficinas de cedulación al nivel local han estado cerradas, igual que los ciudadanos que buscan reponer sus documentos y las cédulas fabricadas que todavía no se han logrado distribuir. Instamos a las autoridades electorales a intensificar el ritmo de la tramitación, producción y distribución de documentos de identidad para los votantes, cooperando plenamente con los organismos de la sociedad civil y de asistencia electoral que quieran aportar sus ideas y energías a la solución de este problema.

6. Verificación y Auditorías. Coadyuvará al mismo objetivo de garantizar la oportunidad de votar a todos, un proceso de verificación ciudadana en profundidad y con la máxima publicidad a los potenciales electores. Instamos a los ciudadanos a valerse de la oportunidad de verificar sus datos en el padrón cuando ésta se presente en junio. De nuevo, el Consejo Supremo Electoral podrá ayudar a masificar el número de ciudadanos alcanzados por este proceso compartiendo con organismos de la sociedad civil las herramientas necesarias para asistir a los ciudadanos que deseen verificarse. Mientras tanto, una adecuada auditoría del padrón electoral nacional formará un necesario complemento al esfuerzo de verificación, ayudando a las autoridades electorales a detectar y corregir problemas, asegurando así que el padrón que eventualmente salga como el definitivo tendrá la mejor calidad posible. En este sentido, urgimos a las autoridades a cooperar con los esfuerzos de los observadores nacionales y organismos especializados de asistencia electoral para realizar una auditoría del padrón de calidad profesional.

7. El Dinero Político. El debate político de las últimas semanas ha estado marcado por señalamientos de que una u otra fuerza política está contraviniendo las reglas que rigen el financiamiento de partidos y campañas en Nicaragua. El Centro Carter subraya que el financiamiento de partidos y campañas es una necesidad en la democracia, de manera que no debería ser visto únicamente desde el lado de sus posibles aspectos negativos. En todo caso, debe existir total claridad entre los actores -partidos, candidatos y potenciales donantes- sobre las reglas del juego para las contribuciones lícitas. Por lo tanto, urgimos al Consejo Supremo Electoral a publicar todos los reglamentos vigentes relacionados con financiamiento de campañas y partidos en la página Web de la institución a la brevedad posible.

8. Reglas para Observadores. Posterior a la realización de los comicios del Atlántico, el Consejo Supremo Electoral ha emitido un reglamento para la observación electoral durante las elecciones de noviembre. Este documento representa un encomiable esfuerzo de las autoridades electorales para fijar las reglas del juego para los observadores, tema que no ha estado exento de ciertas tensiones en algunas de las elecciones pasadas. Sin embargo, para evitar cualquier futuro roce entre observadores y funcionarios, quisiéramos recomendar que el Consejo Supremo Electoral en conjunto con los mismos observadores especifique con más precisión los aspectos del Reglamento que tienen que ver con el acceso que existirá a los sitios destinados para distintas etapas del proceso, tales como los CEM, CED y Centros de Cómputo, y garantice los pasos necesarios para lograr la oportuna acreditación de todos los observadores.

El hilo común que atraviesa muchas de las ideas que hemos presentado es la recomendación que el Consejo Supremo Electoral haga una mejor utilización de su sitio Web para comunicarse con los actores políticos y los ciudadanos. Esta recomendación se encaja en los esfuerzos que el mismo Consejo está haciendo este año para desarrollar las capacidades de su página Web con asistencia técnica del IFES. Sería aconsejable incluso que las autoridades electorales publicaran sus resoluciones en forma electrónica de manera rutinaria, ya que maximizar la transparencia de sus actos es la mejor manera que tiene una institución para fortalecer la confianza de los ciudadanos.

Para finalizar, quisiéramos expresar de nuevo nuestro agradecimiento a los magistrados del Consejo Supremo Electoral por la invitación que nos han extendido para observar las elecciones de 2006 en Nicaragua. La apertura que demuestren las autoridades electorales al trabajo de los observadores tanto nacionales como internacionales, aparte de ser una garantía más del proceso, nos permite hacer sugerencias que pueden ayudar a obviar los problemas que se encuentren en el camino al día electoral. Estamos esperanzados de que, con decisiones sensatas y oportunas de las autoridades electorales y con la conducta madura y responsable de los actores políticos y los votantes, Nicaragua se evitará esos problemas y el día electoral resultará ser el ejercicio cívico y democrático que todos anhelamos.

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El Centro Carter fue fundado en 1982 por el ex-presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter y su esposa Rosalynn, en sociedad con la Universidad de Emory, para promover la paz y la salud mundial. El Centro Carter es una organización no gubernamental sin fines de lucro. El Centro ha ayudado a mejorar la vida de las personas en más de 65 países, resolviendo conflictos, promoviendo la democracia, los derechos humanos y la oportunidad económica; previniendo enfermedades y mejorando los sistemas de salud mental; y capacitando a agricultores sobre métodos para aumentar la producción de sus cultivos. Para saber más sobre el Centro Carter por favor visite: www.cartercenter.org.

THIRD REPORT ON THE NICARAGUAN PRE-ELECTION PROCESS

May 10, 2006

FOR IMMEDIATE RELEASE

CONTACT:
In Atlanta
Jon Moor, 404-420-5107

Atlanta....The Carter Center is pleased to announce that former U.S. President Jimmy Carter will visit Nicaragua from July 3-5, 2006, to assess the progress of preparations for that country's national election on November 5. During his stay, President Carter will meet with Nicaragua's electoral and governmental authorities to discuss possible modalities for a Carter Center election observation mission. He will also meet with the entire spectrum of participants in this year's election, along with Nicaraguan civil society organizations and both national and international observers.

This will be the fourth time since 1990 that The Carter Center has observed a national election in Nicaragua. During each of the three past elections, The Carter Center issued periodic reports on its activities accompanied by recommendations for improving the process. In advance of President Carter's visit, The Carter Center would like to offer Nicaraguans some reflections on the way in which the current election process in their country has been developing. We would also like to offer the electoral authorities a set of suggestions about ways to strengthen the process now underway.

The Atlantic Coast Elections. The 2006 election process passed an important milestone on March 5 when Nicaragua's Atlantic Coast population went to the polls to choose representatives for two regional councils, which form the highest level of the autonomous government that presides over the country's Caribbean areas. As it had announced previously, The Carter Center sent a small team of observers to witness the voting in a limited number of voting tables in these areas, which contain Nicaragua's principal indigenous populations. The Organization of American States and two national organizations, Ethics and Transparency and the Institute for Democracy, did the same with much larger numbers of personnel.

According to the unanimous judgment of the observers, the Atlantic Coast elections generally qualified as a success. Until the final stage, these elections transpired in a tranquil and orderly atmosphere with very little friction among the parties and candidates. With certain lapses, the organization of the elections was described by the observers as good-for example, almost all the voting tables opened on time and few suffered any interruption during the day. After ratifying their validity, the Supreme Electoral Council successfully trained local election officials in the correct application of articles 41 and 116 of the elections law, which permitted a significant number of citizens to vote who might otherwise have been excluded from the process. Against the grain of certain predictions, the vote count concluded with few challenges to the results at the tables. An especially encouraging element was the upturn in voter turnout, which reached 45 percent of all those enrolled as compared to 39 percent in 2002. All the foregoing merited, and merits, the congratulations that the observers expressed to all involved-the voters, the parties and candidates, and the Supreme Electoral Council.

Two Concerns. Nonetheless, the political events that preceded and succeeded the Atlantic Coast voting posed, and continue to pose, serious questions about whether the rest of the 2006 election process will transpire in an equally peaceful manner.

Lack of Consensus. The Carter Center views with concern the persistent lack of consensus among the authorities of the Supreme Electoral Council, a difficulty which continues to hamper the seven principal magistrates from sitting together normally to take decisions in common. More worrisome still is that this situation has continued for several months with no definite way of ending the impasse in sight. The fact that impasses now affect other powers of state as well is also disquieting, as it points toward the possibility that the entire election process could bog down institutionally in its final stages.

This situation began when a sector of the principal magistrates refused to form the legal quorum of five members, arguing that certain decisions taken or about to be taken by their colleagues lacked or would lack legality. The latter in turn had recourse to Nicaragua's Supreme Court obtaining a judgment from the constitutional chamber permitting them to incorporate alternate magistrates in order to fill the quorum and make decisions. They proceeded to make a series of important decisions with which the first group of magistrates again disagreed. Together with other actors, the dissenting magistrates criticized the Court's ruling as irregular and in contradiction with Article 6 of the Election Law, whereupon they asked the National Assembly to make a so called authentic interpretation of the article in question. However, months have passed since the date of this request without the Assembly being able to act to settle the issue.

The Carter Center has no comment on the legality of the decisions made by the majority of magistrates, the Supreme Court ruling or the authentic interpretation of Nicaragua's election law. However, it wishes to register its concern that if this impasse is prolonged further, lack of political consensus in the Supreme Electoral Council may interfere with the progress of the election process and promote a situation of uncertainty both before and during November's voting.

In fact, we would observe that in February, 2006, in tandem with the Council's internal difficulties, various political actors alleged that plans for fraud or manipulation of the vote were underway on the Atlantic Coast. Several participants even threatened momentarily to withdraw from the race at the same time that fear emerged of massive challenges to the vote count on election night. The spectre of possible disturbances evoked by this scenario eventually led president Enrique Bolaños to ponder the option of decreeing a state of emergency to safeguard public order in case this were necessary. In addition, at various moments during this period calls were heard for the magistrates of the Supreme Electoral Council to resign en masse.

Fortunately, the crisis scenario forged in Managua vanished on election day, apparently due to the good judgment of Coast residents, who refused to countenance the transfer of the Pacific areas' political tensions to their territories. But the possibility that a scenario of this kind-full of suspicions and threats to create difficulties-could erupt again in the late months of this year not only cannot be discounted, but is clearly latent.

For this reason, and in anticipation of an election contest that promises to be tense and polarized, it is advisable to begin to act to avoid possible negative scenarios. This can be done by acting on those factors that generate the suspicions which then multiply and convert themselves into actions capable of destabilizing an election. Above all, progressive clarification and fortification of the rules of the game is required, as this is the only way to maximize the confidence of all election actors and the citizenry at large that the guarantees for the integrity of the vote will be fulfilled at the end of the day.

In good measure, this confidence depends on the perceptions that citizens have of the work of the electoral authorities. In the coming phases of the process, the magistrates of the Supreme Electoral Council will be called upon to make key decisions, some routine, some unforeseen, to keep the process on track down to the eventual proclamation of the winning candidates. For these decisions to have the maximum possible consensus and legitimacy, it is indispensable that the magistrates work in harmony with one another and that the citizens see them working in that fashion. The Carter Center therefore urges the magistrates once again to make an effort to find a way to resolve their differences.

Electoral Sovereignty. Our concern over the emergence of negative scenarios has increased upon seeing the climate in which the pre-campaign period is developing. In recent weeks, the great majority of Nicaraguans has watched in silence while noted political, governmental, economic and even religious figures have engaged in debates over the positions taken by foreign governments and their diplomatic representatives with regard to Nicaragua's election contest. In touching the deep national sentiments of the Nicaraguan people, such debates contribute to a state of polarization that injects tension into the election process and may lead to disturbances at the end of the campaign. Given the importance of the political choices that Nicaraguan parties will present to voters this year, it is very important for parties and their candidates to be specific in their campaign proposals and promote rational political debate. As a contribution to that debate, The Carter Center requests that neighboring governments in the hemisphere respect the dignity of the Nicaraguan people by abstaining from interference in their internal affairs, thereby helping Nicaragua to center its election debate on concrete alternatives accompanied by their respective arguments.

Suggestions for Action. Meanwhile, with all due respect to the magistrates, The Carter Center would like to suggest that the Supreme Electoral Council contemplate a series of measures to fortify citizen confidence in the electoral process. Some of our recommendations, accompanied by additional comments, refer to aspects of the recently concluded Atlantic Coast elections, while others look forward anticipating problems that may emerge in the coming months at the national level.

1. "Article 41" voters. On March 5, a significant number of Nicaraguan citizens with valid voting cards failed to find their names on the Atlantic Coast election rolls. This situation occurred amidst the intense wave of speculation alluded to above and despite a process of citizen verification that the Supreme Electoral Council regarded as successful. According to differing figures from observer organizations, the number of cardholders absent from the rolls varied between 3 percent and 1 percent of all those who voted. Regardless of the precise number, this percentage is high. It is also of concern, in that if such a number of voters had been denied the opportunity to cast their ballots, a series of conflicts might well have ensued. Fortunately, the Supreme Electoral Council took the wise decision to permit these people to vote under the terms of Article 41 of the election law. The situation of these voters nevertheless poses a question mark, given that in principle no voter in possession of a valid voting document should be absent from the lists. Given these facts, it would be helpful for the Supreme Electoral Council to explain to Nicaraguans why discrepancies between the voter document and the election rolls arose and what the Council is now doing to prevent a repetition of this problem in the national elections.

2. Materials that Failed to Function. According to other reports from the observers, on the day of the Coast voting a series of materials that are key to safeguarding the integrity of the vote failed in significant measure to function properly. These include vote card punches, lamps for reading vote card security stripes, and even the indelible ink used to mark voters' fingers so as to preclude the possibility of their voting twice. These problems, which have repeated themselves across successive elections, are another source of concern. Improvement in this regard is vital before the November voting takes place. Once again, it would be timely for the Supreme Electoral Council to inform the citizenry about the measures it plans to take to prevent election materials from failing as some did during the Atlantic Coast vote.

3. Location of Voting Places. In the wake of the voting on the North Atlantic Coast, disturbances occurred in Bilwi due to the refusal of the indigenous party Yátama to accept the allocation by the election authorities of a given council seat, alleging the existence of a prior political accord that had supposedly transferred certain voting tables from one election district to another. According to analyses of the national observers, the origin of this conflict lay in the lack of a clear prior definition and publication of where the voting tables were located in regard to the boundaries among the Coast election districts. Fortunately the episode of violence instigated by Yátama, which saw the head of the regional election council sequestered in his offices, was resolved without major problems. The fact that this situation was resolved on the basis of a political accord rather than on the basis of clearly established prior rules nevertheless sets a negative precedent. The Supreme Electoral Council could help to dispel any doubt about the repetition of disputes related to electoral boundaries by publishing as soon as possible on its Web page the regulations that define the exact locations of Atlantic Coast voting centers in relation to the region's election districts, and by assuring the citizenry that no such uncertainty exists in regard to the location of voting places in the rest of the country's departments and regions.

4. The Final Count. By May 5-a full two months after the voting-the Web page of the Supreme Electoral Council still registered only the preliminary results of the Atlantic Coast voting as on March 9 th. On that date, the total number of votes amounted to 100,352. According to the April 1 edition of La Prensa newspaper, the Council reported that the final total of valid votes was 93,524. To clarify this difference to the citizens, it would be advisable for the Council to publish the final official results of the Atlantic Coast election on its Web site as soon as possible, accompanied by an explanation for the reduction in the number of valid votes, assuming such a reduction has actually taken place.

5. Missing ID Cards. Recent opinion polls have thrown up the striking datum that between 15 percent and 18 percent of all Nicaraguans of voting age lack the national identity cards that are required to vote. In view of these numbers, and given myriad reports concerning the non-delivery of these documents to the citizens, it is indispensable to start now to make a maximum effort to get these documents into the hands of as many voters as possible before November. This effort should aim at the many young people who have come of voting age in recent years in which the majority of local ID-issuing offices have been closed, along with people who seek replacement cards and the cards already manufactured that have not yet been delivered. We urge the election authorities to intensify the pace of the processing, manufacture and distribution of voter identification documents, cooperating fully with civil society and electoral assistance organizations who wish to contribute their energies and ideas to the solution of this problem.

6. Verification and Audits. A thoroughgoing process of citizen verification with maximum outreach to potential voters will also be conducive to the objective of guaranteeing all Nicaraguans their right to vote. We urge all citizens to avail themselves of the opportunity to check their presence on the voting rolls when that opportunity comes in June. Once again, the Supreme Electoral Council can help to maximize the number of citizens reached by this process by sharing the tools necessary to assist voters who wish to verify their status with civil society and other organizations. Meanwhile, an appropriate audit of the national election roll is a necessary complement to the verification exercise and will help the election authorities to identify and correct any problems, thus ensuring that the election lists that finally emerge as definitive are of the highest possible quality. In this regard, we urge the election authorities to cooperate with the efforts of the national observers and specialized election assistance organizations to carry out a professional-quality audit of the national roll.

7. Money in Politics. The political debate of the last few weeks has been marked by allegations that one or another political force is contravening the rules that govern party and campaign financing in Nicaragua. The Carter Center underscores that the financing of parties and campaigns is necessary in a democracy, and should not be viewed only from the angle of its potential negative effects. In any case, complete clarity should exist among parties, candidates and potential donors about the rules of the game for legitimate contributions. We urge the Supreme Electoral Council to publish all current regulations concerning campaign finance and ordinary political party funding as quickly as possible on its Web site.

8. Rules for Observers. After completion of the Atlantic Coast elections, the Supreme Electoral Council has issued new regulations regarding election observation during the national elections in November. This document represents a laudable effort by the election authorities to fix the rules of the game for the observers, an issue that has not been exempt from a certain amount of tension in past elections. However, to avoid any future friction between observers and election officials, we would like to recommend that the Supreme Electoral Council, in conjunction with the observers themselves, specify more precisely those aspects of the regulations having to do with access to the sites destined for key steps of the process, such as the municipal and departmental election councils and the computing centers at all levels, and in addition guarantee the timely accreditation of all observers.

A common thread running through many of the ideas we have presented is the recommendation that the Supreme Electoral Council make better use of its Web site as a means of communicating with political actors and the citizenry. This recommendation fits with the efforts the Council is making this year to develop the capacities of its Web page with technical assistance from IFES. It would indeed be advisable for the electoral authorities to routinely publish all of their official resolutions electronically, as maximizing the transparency of its acts is the best way for an institution to strengthen the trust of the citizenry.

In conclusion, we would like to express our thanks anew to the magistrates of Nicaragua's Supreme Electoral Council for the invitation they have extended us to observe the 2006 elections. The openness demonstrated by the election authorities to the work of both national and international observers, in addition to constituting another guarantee of the process, permits us to make suggestions that can help obviate the problems that may crop up on the road to election day. We are hopeful that with sensible and timely decisions on the part of the election authorities, and the mature and responsible conduct on the part of political actors and voters, election day this November will turn out to be the civic and democratic exercise we all wish it to be.

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The Carter Center was founded in 1982 by former U.S. President Jimmy Carter and his wife, Rosalynn, in partnership with Emory University, to advance peace and health worldwide. A not-for-profit, nongovernmental organization, the Center has helped to improve life for people in more than 65 countries by resolving conflicts; advancing democracy, human rights, and economic opportunity; preventing diseases; improving mental health care; and teaching farmers to increase crop production. To learn more about The Carter Center, please visit: www.cartercenter.org